Sección de concejales de Ayuntamiento de Bayaguana termina de forma abrupta

BAYAGUANA. -La oposición de dos concejales  de  los cinco regidores que integraron el Consejo de Regidores de la Sala Capitular del Ayuntamiento de Bayaguana, impidió este viernes que fuera conocida una resolución que busca reponer en sus funciones al suspendido alcalde Nelson Sosa Marte, a quien la justicia le conoce un proceso en el que es acusado por el Ministerio Público de ser el autor intelectual del asesinato del regidor Renato Castillo.

Cuando la Asamblea intentó conocer la propuesta sometida por el edil Vicente Bonifacio, inmediatamente  el concejal del Frente Amplio, José Ogando, pronunció su desacuerdo con la presentación porque no fue conocida por el Consejo de Regidores y aprobada para que fuera incluida en la agenda del día.
La motivación de Ogando originó una excedida discusión que puso fin a la sesión de manera  abrupta sin que se lograra conocer ninguno de los puntos agendados.

Ogando dijo que el pedido para levantar la suspensión al alcalde Sosa Marte fue motivada por un abogado, a quien le pagaron para que hiciera una interpretación de la ley que determina sobre estos acontecimientos, a fin de que la Sala fallara a su favor.

Al defender su planteamiento, sostuvo que de aprobarse se estaría faltando el respeto a la justicia porque es una interpretación errónea de lo que manda la ley, ya que al alcalde se le abrió  juicio de fondo por el hecho que se le imputa.

Por su parte, la regidora Rafaela Javier  expresó que aprobarla era un adefesio y una vergüenza.

El regidor Renato Castillo fue asesinado de varios disparos el 25 de junio de 2014, mientras compartía con unos amigos en un colmado de Monte Plata.

El Ministerio Público acusa al alcalde Sosa Marte del asesinato, junto a otras cinco personas, quienes están en prisión, mientras que el principal señalado fue dejado en libertad por el juez Darío Gómez de la Cuarta Sala Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, quien le varió la medida de prisión preventiva por el pago de una garantía económica de RD$2 millones, presentación periódica al tribunal e impedimento de salida.
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Noti Campos Editor

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